El Presupuesto 2026 vuelve a tensarse en el Senado por el recorte de fondos educativos
El Gobierno nacional enfrenta un nuevo foco de incertidumbre en el Senado en la antesala del debate del Presupuesto 2026. El artículo 30 del proyecto, que propone eliminar y modificar distintos esquemas de financiamiento vinculados a educación, ciencia y defensa, despierta objeciones en sectores de la oposición dialoguista y amenaza con complicar la sanción de la ley de gastos.
La preocupación se concentra, especialmente, en un grupo de senadores de la Unión Cívica Radical que no estaría dispuesto a acompañar el recorte tal como llegó desde la Cámara de Diputados. Esta situación altera los cálculos del oficialismo, que necesita sostener el texto sin modificaciones para evitar que el proyecto vuelva a Diputados o directamente quede empantanado.
El Presupuesto, que inicialmente parecía transitar un camino legislativo menos conflictivo, se transformó en un problema político para la Casa Rosada luego de los traspiés en Diputados, donde el oficialismo no logró sostener algunos capítulos sensibles vinculados a discapacidad y universidades. Desde entonces, la iniciativa quedó expuesta a negociaciones más frágiles y a un margen de error reducido.
En este contexto, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, retomó contactos informales y reuniones virtuales para medir voluntades. La respuesta que recibió fue clara: los proyectos de Presupuesto 2026 y de inocencia fiscal deben aprobarse sin cambios. Sin embargo, el artículo 30 aparece como el principal punto de fricción.
El texto en cuestión propone derogar normas que fijan pisos mínimos de inversión estatal, entre ellas el compromiso de destinar al menos el 6% del PBI a educación, además de disposiciones sobre financiamiento del sistema científico-tecnológico, la educación técnico profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). Para el Gobierno, se trata de eliminar rigideces presupuestarias y recuperar margen de decisión fiscal; para sus críticos, implica un retroceso en áreas consideradas estratégicas.
Entre los senadores radicales señalados como potenciales disidentes se mencionan Maximiliano Abad, ex dirigente de la Federación Universitaria Argentina, y Flavio Fama, ex rector de la Universidad Nacional de Catamarca, perfiles con fuerte vinculación al sistema educativo. Sus antecedentes refuerzan las dudas sobre el respaldo pleno del radicalismo al artículo cuestionado.
Desde el punto de vista numérico, el oficialismo estima contar con unos 44 votos, sumando a La Libertad Avanza, parte de la UCR, el PRO y bloques provinciales. No obstante, el margen es estrecho y cualquier baja puede resultar determinante en una votación en particular.
El kirchnerismo ya detectó esa debilidad y se mueve para explotarla. Con Jorge Capitanich como posible voz principal del rechazo en el recinto, la bancada opositora busca instalar el costo político del recorte educativo y presionar para que el artículo sea rechazado. Si eso ocurre, el Gobierno quedaría ante la disyuntiva de retirar el proyecto o avanzar hacia una nueva prórroga del Presupuesto vigente.
Mientras continúan las gestiones desde Balcarce 50 para sostener apoyos, el escenario sigue abierto. La discusión alrededor del artículo 30 expone, una vez más, las dificultades del Ejecutivo para avanzar en una agenda de ajuste y orden fiscal en un Congreso fragmentado, donde incluso los aliados condicionan su respaldo a decisiones políticamente sensibles.
