Bajo la gestión de Raúl Jalil, la provincia se ha posicionado en el tercer lugar del ranking nacional de inversión publicitaria per cápita. Con un gasto de $604,79 por habitante, la administración provincial ha quemado más de $259 millones en redes sociales entre 2019 y octubre de 2025. Este "logro" estadístico es, en realidad, un insulto para quienes caminan por calles que se desmoronan y hospitales que carecen de lo básico.
El contraste entre el mundo digital que el gobierno pauta y la realidad del productor es violento. En Copacabana, los productores independientes se levantan al alba para enfrentar un escenario de quebranto. Mientras ellos arriesgan su capital para generar trabajo genuino en una actividad vitivinícola que hoy paga la uva al mismo precio que hace dos años, el Estado gasta fortunas en "likes" para fotos oficiales.
El reciente anuncio de una asistencia económica de $400 millones para el sector vitivinícola parece una burla comparado con los miles de millones que el entramado político devora anualmente en sueldos públicos y pauta publicitaria. Es el clásico modelo de la casta: asfixiar al sector privado con impuestos y regulaciones para luego "asistirlo" con migajas de su propio dinero.
La nota distintiva de este gobierno es la falta de derrame real. Las inversiones mineras, presentadas como la salvación de la provincia, terminan siendo opacas para el ciudadano común. Recientemente, en Fiambalá, los vecinos volvieron a denunciar la falta de transparencia en el uso de los fondos generados por la minería. La desconfianza es absoluta: existe una sospecha fundada de que los únicos que prosperan son quienes acceden a cargos políticos o están vinculados a contratos poco claros.
En las oficinas públicas de la capital, se habla de "progreso", pero en los pueblos del norte el vecino solo ve pasar las camionetas de los funcionarios. El crecimiento económico se detiene en la frontera de la política.
El derroche sistemático en pauta publicitaria, que se agudizó un 5% solamente entre agosto y octubre de 2025 durante la campaña electoral, demuestra que los recursos públicos son utilizados como caja de campaña. Mientras el gobierno provincial "llora" por los recortes nacionales, gasta a manos llenas en el aparato de propaganda.
Desde una visión liberal, la conclusión es simple: Catamarca no tiene un problema de falta de recursos, tiene un problema de exceso de Estado. Un Estado que se alimenta a sí mismo, que usa el dinero del contribuyente para promocionar al gobernante de turno y que abandona a los productores de Copacabana y los vecinos de Fiambalá a su propia suerte. Es hora de dejar de financiar el relato y empezar a respetar el esfuerzo de quienes realmente sacan el país adelante.