Bolivia avanza hacia la quita de subsidios a los combustibles tras dos décadas de precios congelados
El Gobierno de Bolivia anunció que pondrá fin a los subsidios a los combustibles, una política que mantuvo congelados los precios del diésel y la gasolina durante más de 20 años y que, según cifras oficiales, le insumía al Estado más de 2.000 millones de dólares anuales. La decisión marca un giro relevante respecto del esquema aplicado por sucesivas administraciones de izquierda.
El presidente Rodrigo Paz confirmó la medida a través de un mensaje televisado, acompañado por su gabinete, y anticipó que en los próximos días se publicará el decreto que establecerá los nuevos precios de los hidrocarburos. Desde el Ejecutivo señalaron que la eliminación de los subsidios apunta a ordenar las cuentas públicas y corregir distorsiones acumuladas durante décadas.
“La quita de subsidios mal diseñados del pasado no significa abandono, sino orden, justicia y una redistribución clara”, sostuvo Paz, al justificar la decisión. En la misma línea, el mandatario afirmó que la política de precios artificialmente bajos terminó generando más costos que beneficios para la economía boliviana.
Como parte del paquete de medidas, el Gobierno también resolvió retirar al diésel de la lista de sustancias controladas, con el objetivo de facilitar su importación por parte del sector privado y reducir la dependencia del esquema estatal. Hasta ahora, el Estado centralizaba la compra de combustibles a valores internacionales y los revendía en el mercado interno a pérdida.
En Bolivia, el litro de diésel y de gasolina se comercializaba a un valor subsidiado cercano a los 0,53 dólares, un precio que se mantuvo prácticamente inalterado por más de dos décadas. Según el diagnóstico oficial, este esquema contribuyó al deterioro de las reservas internacionales, profundizó el déficit fiscal y derivó en la peor crisis económica del país en los últimos 40 años.
Desde el Ejecutivo también apuntaron a los efectos colaterales del sistema de subsidios, como el incentivo al contrabando y la aparición de redes de corrupción vinculadas a la importación y distribución de combustibles. En ese contexto, el Gobierno aseguró que la estabilización de los precios permitirá generar recursos fiscales adicionales y reducir prácticas ilegales.
El impacto del modelo vigente se reflejó además en el abastecimiento. Desde 2023, Bolivia registra episodios recurrentes de escasez de combustibles, con extensas filas en estaciones de servicio y demoras que, en algunos casos, se extendieron durante días.
Con esta decisión, la administración de Paz busca recomponer el equilibrio fiscal, normalizar el mercado de combustibles y avanzar hacia un esquema de precios más transparente, en línea con una estrategia de corrección de distorsiones económicas acumuladas en los últimos años.
