El rechazo de un capítulo central del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados abrió una nueva grieta entre la Casa Rosada y los gobernadores que hasta ahora habían acompañado, con reservas, la agenda legislativa del Gobierno. En privado, varios mandatarios coincidieron en un diagnóstico crítico: el oficialismo forzó una estrategia de negociación que terminó por dejarlo sin margen para construir consensos.
“No escucharon. Era así o nada. Se creen que negociar es que los demás acepten todo”, resumió uno de los gobernadores que participó de las conversaciones previas a la votación. La mirada se repite tanto entre los mandatarios de Provincias Unidas como en el Norte Grande, espacios con diferencias internas pero que comparten interlocución frecuente con el Ejecutivo nacional.
El punto de quiebre fue el rechazo del capítulo XI del Presupuesto, que concentraba disposiciones sensibles vinculadas al financiamiento universitario y a la emergencia en discapacidad. Para varios gobernadores, la decisión del oficialismo de agrupar esos temas en un único bloque del articulado fue un error político. “Quisieron poner todo junto porque estaban sobregirados”, evaluó otro mandatario, aludiendo a la fragilidad de los acuerdos previos.
Si bien el Presupuesto fue aprobado en general, el revés en la votación en particular dejó expuesta la debilidad de las mayorías que La Libertad Avanza creía tener aseguradas. Legisladores que responden a gobernadores dialoguistas terminaron votando en contra de artículos clave, una señal de desgaste en la relación con la Casa Rosada.
Desde las provincias sostienen que, tras las elecciones de octubre, el Gobierno desplegó una estrategia de acercamiento para recomponer vínculos políticos. Sin embargo, en la recta final hacia la votación, el oficialismo habría confiado en exceso en apoyos que nunca estuvieron plenamente garantizados. El resultado fue una derrota legislativa evitable y un malestar que ahora condiciona el debate en el Senado.
En ese escenario, la mayoría de los gobernadores estaría dispuesta a acompañar el texto general del Presupuesto en la Cámara Alta, pero sin ocultar su enojo por la forma en que se manejaron las negociaciones en Diputados. El capítulo rechazado no será reincorporado, aunque el episodio dejó secuelas políticas.
Parte del malestar también se explica por el reparto de recursos. En Provincias Unidas persiste la percepción de que la Casa Rosada prioriza acuerdos con gobernadores del Norte Grande, tanto en la asignación de fondos como en la dinámica de las negociaciones. En ese marco, a los mandatarios de las provincias centrales se les prometieron mejoras en el flujo de fondos para las cajas de jubilaciones no transferidas, una expectativa que luego fue relativizada.
Durante su exposición en el Senado, el secretario de Hacienda, Hugo Guberman, defendió los $122.000 millones asignados en el Presupuesto para esos sistemas previsionales y aseguró que alcanzan para cubrir los acuerdos vigentes. Sin embargo, los números que manejan las provincias muestran un desfasaje significativo respecto de las necesidades reales, lo que alimenta la desconfianza.
Las tensiones se profundizaron durante la votación en particular. Algunos gobernadores aseguran que ni siquiera fueron contactados en las horas decisivas, porque el oficialismo daba por descontados los votos. La insistencia de LLA en votar por capítulos, y no por artículos, terminó siendo un boomerang: varios aliados se negaron a respaldar el artículo 75, incluido en el capítulo XI, lo que selló su caída.
Entre las sorpresas figuraron los votos en contra de diputados alineados con Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalaqua (Misiones), además de legisladores vinculados a gobernadores que el oficialismo contaba como propios, como Rolando Figueroa en Neuquén y Claudio Vidal en Santa Cruz.
En paralelo, los mandatarios insisten en el reclamo por una mayor distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Aunque este mes se giraron $66.000 millones, las provincias señalan que el remanente supera los $700.000 millones y lo consideran clave para cerrar el año y afrontar compromisos como el pago de aguinaldos.
A diferencia de etapas anteriores, el clima político muestra un cambio. Los gobernadores se sienten menos condicionados por eventuales represalias del Ejecutivo. “Menos de lo que hay es difícil que haya”, repiten en privado, una frase que sintetiza el nuevo equilibrio de fuerzas y anticipa negociaciones más duras en el Congreso.