Inocencia Fiscal: desde qué cifras ARCA podrá denunciar penalmente a un contribuyente por evasión

El Gobierno nacional se prepara para avanzar este viernes en el Senado con la ley de Inocencia Fiscal, una de las piezas centrales de la agenda económica del presidente Javier Milei. La iniciativa apunta a incentivar la declaración de activos no registrados —en especial dólares adquiridos durante el cepo— y redefine los parámetros a partir de los cuales la evasión impositiva pasa a tener relevancia penal.

El proyecto, que se discute en paralelo con el Presupuesto 2026, introduce cambios en el Régimen Penal Tributario, el Código Civil y Comercial y el Régimen de Procedimiento Tributario. Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es brindar previsibilidad jurídica y evitar que, en el futuro, contribuyentes queden expuestos a procesos penales por montos que hoy resultan bajos en términos reales.

Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, la reforma es clave para consolidar el crecimiento económico y generar confianza en quienes decidan exteriorizar fondos no declarados. En ese marco, uno de los puntos centrales es la actualización de los umbrales que determinan cuándo existe evasión penalmente punible.

Nuevos pisos para la evasión

De acuerdo con especialistas en materia tributaria, la evasión simple comenzará a ser delito cuando el monto supere los $100 millones, muy por encima del piso actual. Sin embargo, aclaran que no alcanza solo con superar ese importe: además debe acreditarse la existencia de una conducta deliberada de incumplimiento de una obligación fiscal.

En el caso de la evasión agravada, el mínimo se elevaría a $1.000 millones. No obstante, el proyecto contempla supuestos especiales en los que el umbral se reduce. Por ejemplo, cuando se utilizan estructuras jurídicas, personas interpuestas o jurisdicciones que dificulten identificar al verdadero responsable, el piso será de $200 millones. El mismo monto se aplica si se usan de manera fraudulenta exenciones o beneficios fiscales.

Si la maniobra incluye facturas apócrifas u otros documentos falsos, la evasión agravada se configurará a partir de los $100 millones, frente a los $1,5 millones que rigen actualmente. En cambio, figuras como la insolvencia fiscal fraudulenta o la alteración de registros no dependen de montos y se mantienen sin cambios.

Tributaristas consultados coinciden en que la actualización era necesaria, dado que los valores vigentes llevaban años sin modificaciones y habían quedado desfasados por la inflación. No obstante, advierten que, aun con la suba propuesta, los montos volverán a perder actualidad si no se ajustan con mayor frecuencia, ya que el primer mecanismo de actualización está previsto recién para 2027.

Multas automáticas, bajo revisión

Otro de los ejes que genera debate es el régimen de multas automáticas por presentación fuera de término de declaraciones juradas. Con la nueva ley, las sanciones mínimas se incrementarían de manera abrupta: pasarían de $200 a $220.000 para personas físicas y de $400 a $440.000 para personas jurídicas.

Ante las críticas, Caputo aclaró que la intención del Gobierno no es aplicar castigos de manera inmediata ni automática. Según explicó, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) enviará primero un aviso otorgando un plazo adicional de entre 10 y 15 días hábiles para regularizar la situación. Recién vencido ese período se avanzará con la intimación formal y la multa correspondiente.

Además, el ministro indicó que ARCA evaluará la cantidad de días de demora para graduar la sanción y diferenciar entre incumplimientos ocasionales y conductas reiteradas. El objetivo, sostuvo, es evitar un esquema rígido que castigue de igual modo a todos los contribuyentes.

Con este paquete de cambios, el oficialismo busca reforzar la señal de previsibilidad fiscal y avanzar en la formalización de capitales, mientras el Senado se encamina a un debate clave para el rumbo económico de los próximos meses.